"(Ariel) Valdiviezo expresó que se siente víctima de la política de estado que permitió llevar a juicio a los responsables del genocidio. Quiero hacerle algunas aclaraciones. Déjeme decirle que entre esta política de estado de derecho y aquella otra criminal a la que usted contribuyó hay una distancia abismal. La misma distancia que separa la cama donde duerme de la colcha asquerosa que tenían los prisioneros del Arsenal; sus medicamentos de la estopa y el desinfectante para pisos con las que el doctor Alberto Augier trataba de curar las heridas de los torturados y este juicio de aquellas ejecuciones llevadas adelante sin más trámite que arrodillar a un prisionero delante de una fosa, dispararle en la cabeza y arrojarlo dentro para prenderle fuego". Las fortísimas palabras del abogado Pablo Gargiulo cerraron esta semana los alegados de las querellas de la megacausa "Arsenales II- Jefatura II".

El letrado y su colega Bernardo Lobo Bougeau representaron a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ambos actuaron por las víctimas del expediente del centro clandestino que funcionó en el Arsenal "Miguel de Azcuénaga". Mientras que Lobo Bougeau también llevaba de manera particular los casos de Luis Falú (desaparecido) y Alberto Gallardo (sobreviviente).

Por los crímenes que habrían ocurrido en la dependencia militar pidieron al Tribunal Oral Federal (TOF) prisión perpetua para 14 de los 41 imputados. Requirieron que todos los sospechosos sean declarados "infames traidores a la patria", enviados a la cárcel de Villa Urquiza y que los ilícitos sean considerados en el contexto del delito internacional de genocidio.

Las penas

Gargiulo y Lobo Bougeau pidieron la máxima pena para los ex militares Jorge Lazarte, Mario D'Ursi, Camilo Colotti, Luis Varela, Hugo Soto, Pedro Caballero, Luis Ocaranza, Augusto Neme, Carlos Trucco, Fernando Torres, Alfredo Moore, Ramón Ojeda Fuente, Ramón Cooke y Valdiviezo y el ex gendarme Benito Palomo. Consideraron que el ex militar Luis De Urquiza debería ser penado a 25 años de prisión. Mientras que para los ex miembros de Gendarmería Ernesto Rivero, José Sowinski, Tomás Güemes, Marcelo Godoy, Alberto Montes de Oca y el escribano Juan Carlos Benedicto solicitaron 20 años de cárcel. En tanto, solicitaron que el personal civil de inteligencia Guillermo López Guerrero sea recluido durante 18 años y el sacerdote José Mijalchyk, durante 15 años. Aseguraron que este último, de ser penado y de quedar firme la sentencia, debería ser excomulgado por el Vaticano. Por último, requirieron que el ex gendarme Celso Barraza sea encarcelado 10 años.

Lobo Bougeau explicó el contexto histórico en el que se habrían cometido los crímenes. Detalló el Operativo Tucumán (1966), que implicó el cierre de los ingenios y el consecuente aumento dramático de la desocupación. Precisó que en ese contexto de luchas gremiales y de pobreza se desencadenó el Operativo Independencia (1975), para la llamada "lucha antisubversiva".

"Esta megacausa no es una acumulación judicial común. Se trata de desentrañar las responsabilidades de los imputados, que en su mayoría eran funcionarios públicos al momento de la comisión de los ilícitos", añadió. Gargiulo expresó que una sentencia judicial no se agota en el dictado de una condena, sino que tiene que ver con "determinar una verdad histórica". "Lo sucedido no fue una simple matanza o una sucesión de hechos delictivos. Ha sido un genocidio. Se hace camino al andar y la nobleza más grande de una profesión tan importante como la que tienen los jueces es, justamente, escudriñar la norma hasta pulverizarse los ojos y hasta extraer de ella la justicia", instó. Trazó un paralelismo entre el genocidio nazi y lo sucedido en la provincia.

Por otro lado, por la desaparición de "Lucho" Falú, estudiante universitario de 25 años secuestrado en septiembre de 1976, Lobo Bougeau pidió condenas para ocho de los imputados. Recordó la docena de testimonios que dieron cuenta de las torturas que habría sufrido el joven en el Arsenal y de su ejecución, que habría sido efectuada por el propio Antonio Bussi.

Pidió perpetua para Varela, Caballero y Neme; 25 años para Torres, Ojeda Fuente y Rivero y 20 años para Soto y Montes de Oca.

Para los secuestros sufridos por Gallardo y su hijo menor de edad, quienes fueron alojados en la Jefatura, requirió 25 años para Roberto Heriberto Albornoz y 12 años para Luis Armando De Cándido.

Anotaciones del juicio

1- El proceso oral por la megacausa "Arsenales II- Jefatura II" es el sexto por delitos de lesa humanidad que se celebra en el Tribunal Oral Federal (TOF). Es el primero, sin embargo, que reúne las características de una megacausa. Es el juicio más largo y con expedientes más voluminosos (100.000 fojas) del TOF.

2- Las víctimas que habrían pasado por los dos centros clandestinos suman 212 (140 desaparecidos, según la Fiscalía). Los imputados son 41 y entre ellos hay ex militares, ex gendarmes, ex policías y tres civiles.

3- La etapa más larga del juicio fue la de producción de pruebas. Durante un año, los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga recibieron declaraciones de 400 testigos en la sala. Otras 400 testimonios fueron incorporados por lectura.

4- Los alegatos de las querellas comenzaron el jueves 31 de octubre y concluyeron el viernes, con pedidos de duras penas. La Fiscalía pidió perpetua para 33 de los sospechosos por delitos que van desde violación de domicilio hasta homicidio.

5- Las audiencias se reanudarán el jueves 28. Ese día comenzarán las exposiciones de las defensas, con los alegatos de los abogados Julieta Jorrat, Luis Benedicto Fernández y Facundo Maggio. Luego, seguirá el Ministerio Público de la Defensa. Se espera que la sentencia se dicte a mediados de diciembre.